El mayor intento de pelotazo urbanístico
en Madrid. Una historia que permanece vigente, que cada poco asoma a los medios
de comunicación.
En 1993 RENFE adjudicó, en un
ominoso concurso público, “el derecho de adquirir” un suelo que había sido
expropiado para la construcción de la estación de Chamartín. El suelo tenía una
capacidad edificatoria de 187.358
m2 y fue adjudicado a DUCH SA para que construyera un
nuevo barrio diseñado por Ricardo Bofill.
Hoy, 20 años
después, DUCH SA, propiedad del BBVA en un 72,5%, tiene el “derecho de
adquirir” 1.855.521m2 de aprovechamiento urbanístico, diez veces mas que cuando
se adjudicó, pero, aunque los medios de comunicación han informado reiteradas
veces de que “Arranca la
Operación Chamartín ”, DUCH SA no ha pagado ni un solo euro a
RENFE, no ha movido ni un puñado de tierra ni ha puesto un ladrillo en el suelo
de la virtual Operación Chamartín. Mientras tanto, la Administración Pública
ha modificado y ampliado varias veces el contrato con DUCH SA sin nuevos
concursos públicos, ha recalificado tres veces el suelo, ha hecho tres leyes,
dos autonómicas y otra nacional, para favorecer al adjudicatario, y ha ignorado
en tres ocasiones sendos informes jurídicos que proponían la rescisión del
contrato a DUCH SA por incumplimiento del mismo.
El relato
cuenta como protagonistas a ex socios de algún ministro de Fomento que actúan
de intermediarios, a un presidente de Comunidad –Ruiz Gallardón- y a un
ministro de Fomento -Arias Salgado- que según el autor de este libro dicen
falsedades en sede parlamentaria, y a unos herederos de las familias
expropiadas que fueron insultados y casi criminalizados, cuando pidieron cuentas
del cambio de uso de los terrenos. Y lo más escandaloso: Nunca, en 20 años, ha
constituido todo eso un escándalo público.
Jesús Espelosín
Es un ingeniero de caminos que
fue concejal de Urbanismo de Madrid con los alcaldes Enrique Tierno Galván y
Juan Barranco y presidió el Consorcio Pasillo Verde Ferroviario de Madrid, una
actuación urbanística ya finalizada hace mas de quince años. Fue considerado,
por las autoridades del PP, como el problema fundamental de la Operación Chamartín.
